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Fuente: La Vanguardia

img ebernal 20160426-173548 imagenes lv terceros placa2-kJTD-U4521763765235t-992x558LaVanguardia-Web1“Por fin este país se libra del gran absurdo del impuesto al sol”. Así ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las medidas más potentes que recoge el real decreto ley de medidas urgentes que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.

La medida implica que por primera vez en España se definirá qué es el autoconsumo y se anula el impuesto que hasta ahora gravaba a estos consumidores. Además se impulsará el autoconsumo compartido reduciendo la carga burocrática para que las comunidades de vecinos puedan acceder con más facilidad a ella.

Por primara vez se reconoce el derecho de los ciudadanos a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida que no pasa por la red, así como el reconocimiento expreso del autoconsumo colectivo en la regulación energética española

 

El real decreto ley también incluye medidas para facilitar la implantación de autoconsumo, como son la definición de una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones, además de adoptar el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico.

Además, se impulsa el autoconsumo compartido especialmente clave en un país en el que predomina la vivienda vertical, la posibilidad de instalar autoconsumo compartido en los edificios ofrece una gran oportunidad de reducir los costes energéticos y, por consiguiente, la factura de la luz.

Otra de las grandes novedades del real decreto es el paquete de medidas para rebajar la factura fiscal y establecer medidas para ayudar a las familias en situación de especial vulnerabilidad. La más destacada es la aprobación de un bono social térmico, cuyo coste asumirá el Estado, por el que se abonará a los beneficiarios el coste de sus gastos en calefacción en un cheque directo. Además, se amplía el acceso del actual bono social a familias monoparentales y personas en situación de dependencia en grados 3 y 2.

Como se había adelantado el real decreto-ley aprobado hoy amplía la cobertura de la ayuda a los consumidores más vulnerables. Como gran novedad, se prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, alguna persona con un nivel de discapacidad del 33% o personas en situación de dependencia en grado II y III, siempre que estas circunstancias queden debidamente acreditadas por los servicios sociales.

Además, se amplia el acceso al Bono Social a las familias monoparentales con una mujer al frente (el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre). Para este caso se establece un umbral de renta máximo 0,5 veces superior al IPREM.

Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora, la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

Por otro lado, la norma aprobada hoy también prorroga el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, cuyo plazo de renovación acababa el próximo 8 de octubre. El nuevo plazo es el 31 de diciembre. De esta manera, quien solicite la renovación del bono después de 8 de octubre y cumpla los requisitos no verá interrumpido el acceso al descuento.

 

Ayudas generales

Para los consumidores en general, la ministra Ribera ha explicado que se va a obligar a las compañías eléctricas a ofrecer una factura de la luz mucho más comprensible para los usuarios. Unido a una remodelación de los escalones de potencia contratada para que se ajusten al consumo real de los usuarios.

Además, las compañías tendrán que reflejar en la factura mensual la información de ahorro que el consumidores podría obtener en caso de adherirse a las tarifas de discriminación horaria a las que puede acceder. Puesto que según reconocen los expertos es, en estos momentos, la opción más beneficiosa para los usuarios.

 

Descontento de las asociaciones de usuarios

Por último, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves.

Las medidas anunciadas no ha gustado a las asociaciones de consumidores. Facua ha sido especialmente crítica y acusa al Gobierno de haber puesto en marcha “una campaña publicitaria”. “Se asegura de forma engañosa que el bono social representa un descuento de al menos el 25% en la factura. En realidad, a día de hoy el descuento para un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) puede llegar a representar sólo un 11% de su factura (si se trata de una familia sin menores)”, afirma desde la asociación, según los cálculos realizados por FACUA.

“Así que para buena parte de los usuarios que lo disfrutan, sus ridículas bonificaciones ni siquiera sirven para paliar la subida interanual del recibo, que asciende ya al 16%”,insisten.

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